El general retirado pilotó uno de los aviones utilizados en la operación contra los guerrilleros de Bandera Roja de 1982.
JUAN FRANCISCO ALONSO
El Universal
Caracas.- La decisión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de postular al ex comandante general de la Aviación, general (r) Roger Cordero Lara, como candidato a diputado por Guárico ha sido cuestionada por distintas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). ¿La razón? El oficial, de acuerdo con la información manejada, participó en la masacre de Cantaura.
En octubre de 1982 el entonces teniente coronel Cordero pilotó uno de los aviones Bronco OV-10 enviados por el Gobierno de Luis Herrera Campins a atacar un campamento de guerrilleros del partido Bandera Roja en el sur del estado Anzoátegui. En la operación 23 insurgentes murieron, 14 de los cuales fueron capturados con vida y posteriormente fueron ajusticiados por efectivos de la extinta Disip, de Inteligencia Militar y de los cazadores del Ejército.
Tras permanecer en la más absoluta impunidad durante cinco lustros, en 2007 el Ministerio Público reabrió el caso y a lo largo de 2009 practicó distintas diligencias, entre las que destaca la exhumación de los restos de las víctimas y su entrega a los familiares. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los implicados ha sido llevado ante la justicia.
JUAN FRANCISCO ALONSO
El Universal
Caracas.- La decisión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de postular al ex comandante general de la Aviación, general (r) Roger Cordero Lara, como candidato a diputado por Guárico ha sido cuestionada por distintas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). ¿La razón? El oficial, de acuerdo con la información manejada, participó en la masacre de Cantaura.
En octubre de 1982 el entonces teniente coronel Cordero pilotó uno de los aviones Bronco OV-10 enviados por el Gobierno de Luis Herrera Campins a atacar un campamento de guerrilleros del partido Bandera Roja en el sur del estado Anzoátegui. En la operación 23 insurgentes murieron, 14 de los cuales fueron capturados con vida y posteriormente fueron ajusticiados por efectivos de la extinta Disip, de Inteligencia Militar y de los cazadores del Ejército.
Tras permanecer en la más absoluta impunidad durante cinco lustros, en 2007 el Ministerio Público reabrió el caso y a lo largo de 2009 practicó distintas diligencias, entre las que destaca la exhumación de los restos de las víctimas y su entrega a los familiares. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los implicados ha sido llevado ante la justicia.
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