La asociación civil advirtió que la participación de funcionarios públicos en la campaña es una violación a la Constitución y a las leyes, en respuesta a la decisión del Consejo Nacional Electoral de este miércoles. También exhortó al ente comicial a que evite el uso de los recursos del Estado a favor de una parcialidad política
El Nacional.com / Súmate
La asociación civil Súmate afirmó que la decisión tomada por el directorio del Consejo Nacional Electoral de permitir la participación de funcionarios públicos en la campaña para los comicios parlamentarios del 26-S viola la Constitución y las leyes de la República.
En un comunicado, la organización señaló que coincide con el argumento esgrimido por los rectores electorales de que la participación en la campaña electoral es un derecho ciudadano; pero, precisó que el ordenamiento jurídico venezolano se establece que los "funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna", y el mismo enfatiza que "no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos".
Súmate citó los artículos 145 de la Constitución; 13 de la Ley Contra la Corrupción; 75, numeral 13, de la Ley Orgánica de Procesos Electorales; 9 del Reglamento Nº 5 en Materia de Control del Financiamiento de Campaña Electoral; y los artículos 5.14, 17, 18 y 19 del Reglamento N° 6 en Materia de Propaganda Electoral.
La asociación manifestó que la decisión del Poder Electoral le permite "evadir su responsabilidad de ejercer la autoridad que le otorga la Constitución y las leyes para que el Presidente de la República, los ministros, gobernadores y alcaldes se sometan a las normas sobre la campaña electoral".
Súmate indicó que el Presidente ha hablado 4 horas diarias por medios del Estado en 15 días de campaña. La asociación detectó que un total de 24 actos del ejecutivo han sido transmitidos por el sistema de medios públicos.
A continuación las especificaciones que hizo Súmate sobre los actos presidenciales transmitidos en lo que va de campaña:
Ocho (8) fueron caravanas del presidente Chávez con los candidatos a diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional, las cuales ocurrieron en las entidades federales Distrito Capital (2), Anzoátegui (1), Nueva Esparta (1), Aragua (1), Zulia (1), Táchira (1) y Falcón (1). El promedio de cada una de las caravanas es de dos (2) horas que multiplicado por las ochos (8) caravanas y actos proselitistas del Presidente de la República, da un total de dieciséis (16) horas de transmisión por los medios del Estado Venezolana de Televisión (VTV), Asamblea Nacional Televisión (ANTV), Vive TV, Ávila TV y Radio Nacional de Venezuela (RNV
Los restantes 16 actos, fueron alocuciones propias de su investidura como jefe de Estado; sin embargo, en algunas de ellas también hizo campaña electoral, ya que promovió a los candidatos a diputados por el PSUV a la Asamblea Nacional y se pronunció en contra de la oposición, distribuidos en:
Cuatro (4) cadenas nacionales. El promedio de cada una de las cadenas presidenciales es de dos (2) horas, multiplicado por las cuatro (4) que tuvieron lugar en este período de campaña electoral, da un total de ocho (8) horas de transmisión por todos los medios audiovisuales y radioeléctricos del país.
o Trece (13) transmisiones y programas especiales. El promedio de cada una de las transmisiones es de tres (3) horas, multiplicados por las trece (13) alocuciones del Presidente de la República, con el esultado total de treinta y nueve (39) horas.
El total de horas de transmisión por la plataforma de medios de comunicación pública de los veinticuatro (24) actos del Presidente de la República transmitidos por la plataforma de medios audiovisuales del Estado es de sesenta y tres (63) horas, con un promedio de (4) horas diarias si se distribuyeran uniformemente en estos primeros quince (15) días del período oficial de campaña electoral.
Para Súmate, el CNE todavía está a tiempo de exigir a los altos funcionarios de los gobiernos nacional, estadal y municipal, como también al Ministerio de Información y Comunicación y los directivos de los medios de comunicación social del Estado, no continuar utilizando los bienes y recursos del Estado a favor de una parcialidad política.
También exhorta al Poder Electoral a aplicar las sanciones administrativas a quienes utilicen los bienes y recursos del Estado en la campaña electoral, previstas en el artículo 232 numeral 4 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en el artículo 33 del Reglamento N° 6 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en Materia de Propaganda durante Campaña Electoral; consistente entre cinco mil a siete mil Unidades Tributarias, que sería una multa entre 325 mil y 455 mil bolívares fuertes.
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