Diego Aznar/Emen
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Los narcos, el tráfico de influencias y los intereses de particulares tanto privados como públicos han llevado a países como Chile, Colombia, México, Brasil, Perú y Venezuela a idear mecanismos legales para vigilar la procedencia, el por qué y el para qué del financiamiento de las campañas electorales.
Si bien expertos en el tema advierten que ha habido avances jurídicos, también critican debilidades que otros aprovechan, o procedimientos ilegales que, por condiciones propias del país, los contribuyentes se ven obligados a seguir.
En Venezuela, por ejemplo, se critica que es uno de los pocos países donde no se hacen públicas las memorias y cuentas de los partidos políticos, y el único que lleva a las toldas a depender exclusivamente de los aportes privados, mientras que los empresarios, temerosos de represalias, llegan a utilizar el medio ilegal del financiamiento anónimo.
En el libro "Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en América Latina", del doctor en derecho internacional Daniel Zovatto, publicado en 2006 con reimpresión en 2008, se idea el financiamiento mixto (público y privado) como una herramienta para la "competencia política abierta, libre y equitativa, destinada a fortalecer la confianza pública en los partidos, la política y la democracia, mediante el mejoramiento de la transparencia". Esto con el fin de que los votantes conozcan a fondo a las toldas, y se generen políticos más, digamos, "políticamente correctos".
Cárteles electorales
En la memoria y cuenta que deben entregar los partidos de Brasil, Chile, Colombia, Perú, México y Venezuela a los diferentes entes fiscalizadores (como por ejemplo el Tribunal Supremo Electoral brasileño), se contempla el monto de los aportes relacionado con los gastos. En Colombia incluso se obliga a rendir cuentas a los gerentes de campaña de cada partido y a las ONG dedicadas a la recaudación de fondos. La diferencia es que, en nuestro país, la información no se difunde y se queda en manos del Estado.
El conocimiento de dichos datos, junto con el establecimiento de un tope máximo de inversión privada, ayuda a evitar que un empresario ofrezca apoyar la campaña o el partido, a cambio de que se impulsen o se frenen ciertas políticas o leyes, práctica que se conoce como tráfico de influencias y que va dirigida a beneficiar negocios que no siempre son lícitos.
En el año 2000, la revista colombiana Semana reseñó que en 1989 el narcotraficante Pablo Escobar entregó un millón de dólares a Vladimiro Montesinos para la campaña presidencial de Alberto Fujimori, para de esta manera beneficiar el comercio de la droga. También en Colombia, el ex ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, fue sentenciado el 24 de enero de 2007 a 30 meses de prisión por el hurto de 800 millones de pesos (entonces $285.000) de la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994.
En entrevista con Caracol Radio, Botero afirmó que Samper pidió, gestionó e incorporó recursos del cártel de Cali a los fondos de la campaña, un método para lavar dinero con la política. En México el narcotráfico también ha participado en las elecciones desde hace tiempo, ya sea por medio del financiamiento o de la intimidación violenta.
En 2002, el grupo Bbva protagonizó un escándalo financiero que involucró empresas transnacionales, sospechas de lavado de dinero y supuesto financiamiento de la campaña presidencial de Hugo Chávez. En un principio era una investigación sobre unas cuentas secretas del banco y sus directivos, pero las averiguaciones llevaron a que Emilio Ybarra, entonces presidente del banco, confesara que otorgó $1,5 millones a la campaña. Algo que Chávez no declaró en su memoria y cuenta a la Junta Electoral, según afirma un reportaje de AméricaEconomía (19/04/02).
El caso de las cuentas secretas siguió su propio rumbo llevado por el juez Baltazar Garzón. Mientras, el entonces ministro del Interior, Luis Miquilena, aceptó que el Bbva financió la campaña. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia rechazó, por falta de pruebas, una querella que presentó el abogado Tulio Álvarez.
Lo que no sale en las cuentas
Muchos países han tomado medidas al respecto, y la opinión de los especialistas como Zovatto es que se ha avanzado en la legislación necesaria para impedir financiamientos ilícitos, tráfico de intereses e incidencia de narcos.
Mercedes de Freitas, directora de la ONG Transparencia Venezuela, comenta que las leyes de Brasil y México impiden a los financistas pagar en "especias", es decir, con bolígrafos, chapas, prendas, comida, entre otros productos, porque impiden la claridad en las cuentas posteriores, y porque el uso de estos se considera como chantaje.
En Venezuela este tipo de donación es legal siempre y cuando salga reflejada en la memoria y cuenta, documento que, para Freitas, es vital publicar antes del día de elecciones, para que el votante sepa quién puede incidir sobre cuál candidato por intereses económicos. En muy pocos países la divulgación se hace antes. En Brasil, México, Perú, Chile y Colombia se hace después. En Venezuela, nunca.
El periodista especializado en el tema electoral, Carlos Subero, señala que el principio de transparencia está reseñado tanto en la Constitución como en la Ley Antidrogas, pero la legislación sigue siendo "floja", ante la ausencia de una respuesta amplia de los políticos para rendir cuentas. En tiempos del Consejo Supremo Electoral, Subero pudo acceder a la información de las cuentas, pero asegura que las políticas actuales del CNE se lo impiden.
Comenta que "si se le pregunta a cualquier político ¿quién te financia?, se obtendrá cualquier respuesta, menos una clara".
El secretario general del partido Solidaridad Independiente, Teodoro Franco, señala que ello ocurre porque muchos de los empresarios contribuyentes de partidos de oposición prefieren hacerlo sin quedar registrados en la memoria y cuenta por temor a represalias del Gobierno en forma de fiscalizaciones con mayor ensañamiento, rechazos de créditos bancarios, solicitudes de Cadivi negadas, entre otras.
Las donaciones se hacen en efectivo y no en cheque para que no quede registro de la transacción. Pero como el financiamiento de un anónimo está prohibido, los partidos suprimen tanto el nombre como el ingreso de la memoria y cuenta.
La figura del financista anónimo está prohibida tanto en Venezuela como en Brasil y México.
En Chile y en Perú existe un límite en el aporte, que por ejemplo, es de 30 Unidades Impositivas Tributarias para los peruanos, mientras que en Colombia la legislación obliga a los partidos a justificar el origen de los fondos, lo cual es casi una prohibición.
La plata del Estado
Mercedes De Freitas señala también que no existe igualdad de condiciones en la competencia de los partidos venezolanos, tomando en cuenta conocidas denuncias de utilización de recursos públicos ya sea en financiamiento directo (dinero) o indirecto (materiales, servicios y otros).
Desde 1999, existe una prohibición constitucional de financiamiento a la política por parte del sector público en Venezuela.
No es el caso de Brasil, Chile, Perú ni Colombia. En México, de hecho, el financiamiento público supera el privado.
En nuestro país las toldas terminan dependiendo de los empresarios (anónimos o no) y de su creatividad. Por ejemplo, Gustavo Rojas, candidato de Primero Justicia, rifa una operación de implantes de seno; otros partidos venden tickets o bonos que no implican una ganancia para el comprador, pero aportan pequeños ingresos para los partidos. Esa es una práctica común en todos los países, según afirma el periodista de El Universal, especializado en el tema electoral, Eugenio Martínez.
Martínez comenta que en Venezuela, a diferencia de otros países de la región, no existe un tope de gastos para los partidos, lo que contribuye a los desequilibrios: "Un partido con más recursos comunica más y mejor".
Explica que el TSJ permitió que el CNE asumiera el costo de las pautas publicitarias de las toldas, en campañas de elecciones simples, como las presidenciales (pagó las de Hugo Chávez y Manuel Rosales) y la de reforma constitucional.
Para las parlamentarias venideras, el CNE no tiene ni la infraestructura ni los recursos necesarios para la cantidad de candidatos. Martínez comparte la opinión de Subero y de muchos otros en cuanto a la publicación de las memorias y cuentas. "Por ejemplo, del referéndum de 2004, no se sabe cuánto se gastó. El tema es que como existe un temor a represalias por financiar partidos de oposición, se mueve mucho dinero en efectivo", lo que rompe la transparencia electoral.
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